El uso del suelo rural en el departamento del Meta (página 2)

Por algo el latifundio ha sido soporte estructural del
sistema
antidemocrático que controla los destinos de Colombia. La
feudal estructura de
propiedad
rural que prevalece en nuestro país es inaudita: el 1.5%
de los propietarios posee el 80% de la tierra
potencialmente productiva.

Colombia tiene 114.1 millones de hectáreas de
tierra
debidamente planimetradas, de las cuales 51.0 millones de
hectáreas están abiertas como superficie
agropecuaria y constituyen lo que se conoce como frontera
agrícola. De estas, unas 18 millones de hectáreas
podrían utilizarse en agricultura,
no obstante, de esta área abierta, solo 10 millones de
hectáreas en estricto sentido de buen aprovechamiento, son
adecuadas para la agricultura, de las que apenas están
siendo cultivadas un poco menos de 4 millones de hectáreas
(3.570.024hectareas).

En contraste, para el sector pecuario, según el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se destinan
38.8 millones de hectáreas de tierra para ganadería,
de las que solo 5 millones están apropiadamente
explotadas. Es decir, que aproximadamente el 90% de esta tierra
es improductiva. Simplemente engrosa la propiedad latifundista de
narcotraficantes y políticos regionales, en detrimento de
sus anteriores y legítimos dueños, los ya varios
millones de humildes campesinos que han sido
desplazados.

En los últimos 15 años, un poco más
de tres millones de campesinos han sido desterrados. Lo
más grave es que este drama no es nuevo en Colombia, pues
a mediados de siglo pasado, los campos productivos intentaron ser
virtualmente desocupados a partir de la violencia. Al
menos 200.000 personas fueron asesinadas y más de 2
millones de labriegos fueron obligados a huir hacia nuevas zonas
de colonización, durante el período conocido en
nuestra historia como
"la violencia".

Desde entonces la colonización ha sido un
proceso que
nunca se ha detenido, con lo cual aumenta aceleradamente la
llamada frontera agrícola. Los campesinos siguen el curso
de los ríos por el piedemonte tumbando selva y adecuando
tierras, explotando maderas y abriendo brechas en las extensas
montañas para huir de la violencia y afincar sus
esperanzas.

El campesino se
ve sometido a comprar a precios
elevados los insumos y semillas, a pagar elevados costos de
transporte y
comercialización, mientras las ganancias
por su trabajo son
cada vez más bajas.

Al examinar los resultados del estudio que corresponden
al uso del suelo, en
Colombia en actividad agrícola se observa que un 57% de
las áreas se destinan a cultivos permanentes (2.054.025
hectáreas), mientras que un 38% corresponden a las
áreas destinadas al desarrollo de
cultivos transitorios y lotes en barbecho listos para cultivar o
recientemente cosechados (1.356.104). El 5% restante de la
superficie agrícola está compuesta por áreas
en descanso (159.895), que son terrenos que se dejan de sembrar
por cierto período de tiempo con el
ánimo de recuperar las condiciones de fertilidad de los
suelos (Encuesta
Nacional Agropecuaria, 2007).

En el Meta la actividad agrícola utiliza un 44%
de las áreas en cultivos transitorios y lotes en barbecho
listos para cultivar (120.636 hectáreas, de las cuales
79.848 corresponden a arroz), mientras que un 43% corresponden a
las áreas destinadas al desarrollo de cultivos permanentes
(118.732, donde 95.629 están sembradas en palma aceitera).
El 13% restante de la superficie agrícola está
compuesta por áreas en descanso (35.821), que son terrenos
que se dejan de sembrar por cierto período ante la falta
de recursos y
garantías hipotecarias para continuar el ciclo
productivo.

Gráfico 2. Distribución de la superficie en uso
agrícola en el Meta.

Fuente: Elaborado con cifras de CCI – MADR –
Encuesta Nacional Agropecuaria 2007

En el Meta la actividad agrícola utiliza un 44%
de las áreas en cultivos transitorios y lotes en barbecho
listos para cultivar (120.636 hectáreas, de las cuales
79.848 corresponden a arroz), mientras que un 43% corresponden a
las áreas destinadas al desarrollo de cultivos permanentes
(118.732, donde 95.629 están sembradas en palma aceitera).
El 13% restante de la superficie agrícola está
compuesta por áreas en descanso (35.821), que son terrenos
que se dejan de sembrar por cierto período ante la falta
de recursos y garantías hipotecarias para continuar el
ciclo productivo.

Los resultados presentados respecto al área y
producción de los principales cultivos
transitorios para la evaluación
de la cosecha 2007, revelan señales
de retroceso marcadas por la revaluación, factores ligados
a un menor ritmo de crecimiento del PIB sectorial,
reducción de áreas sembradas, importaciones
masivas, desaceleración del crédito
rural, aumento de desempleo rural y
desanimo a la inversión. Tal situación se torna
preocupante, si se tiene en cuenta que en el último
año han salido de la actividad productiva un buen
número de hectáreas y, que Colombia está a
por lo menos un año de la entrada en vigencia del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos,
que afectará de manera importante este sector (Banco de la
República, subgerencia de Estudios Económicos,
Centro Regional de Estudios Económicos – CREE
Villavicencio).

Particularmente, según cifras de la Sociedad de
Agricultores de Colombia (SAC), al finalizar el presente
año ingresarán al país provenientes del
exterior más de un millón de toneladas de materias
primas agropecuarias y agroindustriales (para el presidente de la
SAC, el principal problema es que muchos de los productos
importados han empezado a subir de precios y el país va a
tener que pagar a un costo más
alto por estas materias primas, debido a que no hay suficiente
producción nacional). Este volumen de
productos hace parte del incremento de la demanda en
algunos sectores, pero también tendrá un efecto
sustitutivo de la producción nacional, especialmente de
cereales y cultivos de ciclo corto o semestral, los cuales ya
registran una caída en el área sembrada.

Se introduce no sólo un ordenamiento del uso del
suelo, según "las potencialidades" que se defina como
derivación del TLC, sino que
con él se genera un nuevo "arreglo" social en el campo
colombiano. ¿Cuál es el futuro de los casi 25
millones de jornales anuales, involucrados en la
producción de algodón, soya y cereales dejados a su
suerte? ¿Cómo se modificará en el nuevo
marco el régimen de propiedad rural imperante donde el
0,4% de los propietarios tienen cerca del 65% de la tierra?
¿Cómo se mantendrá la producción
campesina y empresarial de alimentos que
están excluidos de los beneficios de la política y que brinda
más de la mitad de las subsistencias a los colombianos y
que como secuela de esta política se vendrá
menos?

Es evidente que la política agraria actual
lesiona la soberanía alimentaria. A contramano, se
trama la expulsión de nuevas capas de productores, de
campesinos y de obreros rurales, se expanden las siembras de
géneros de tardío rendimiento mientras se empeora
la provisión nacional de alimentos por habitante y se
incrementa la dependencia alimentaria del país; entre
tanto, crece la dramática situación de miseria y
ruina de las comunidades rurales

De otro lado, durante los últimos años el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural se ha encargado de
expedir toda clase de
leyes que
hacen jurídica y económicamente viable la
producción agro-diesel. Al definir como principal materia prima
para su producción la palma de aceite, se
generaron incentivos como:
exención de impuestos de
IVA y global,
se definieron como zonas francas especiales las plantas de
agro-diesel, se redujeron o eliminaron los subsidios a los
combustibles fósiles, los cultivos de palma fueron
exonerados de renta líquida por 10 años.
Adicionalmente, por el establecimiento o renovación en
cultivos de palma el Ministerio de Agricultura ha aportado 30
millones de dólares en Incentivos de Capitalización
Rural – ICR durante los últimos cuatro años
para 34.047 hectáreas, es decir, 884 dólares por
hectárea. También ha establecido una tasa de
crédito preferencial del DTF-2% para establecimiento y
renovación de palma, lo que ha tenido un costo fiscal de 7
millones de dólares entre enero y agosto de 2007 para
4.189 hectáreas, es decir, 1.700 dólares por
hectárea. Y no obstante lo anterior, el gobierno nacional
fija un precio para el
agro-diesel que garantiza la recuperación de las inversiones,
de US$3,21/galón. Ningún otro cultivo en Colombia
tiene tantos beneficios estatales como la palma de
aceite.

En la actualidad, en Colombia hay en funcionamiento dos
plantas de agro-diesel con una producción total de 26
millones de galones al año, y existen proyecciones para
construir siete más que generarían 195 millones de
galones adicionales, todas estas plantas pertenecientes a un
oligopolio
empresarial, que es el que puede asumir los costos de
instalación de una planta que sobrepasan los 20 millones
de dólares.

Aunque el gobierno colombiano habla que un desarrollo
del agro-diesel sin deforestación, ya existen casos que lo
contradicen. En Tumaco, por ejemplo, vastos territorios de selvas
húmedas han sido reemplazados por monocultivos de palma,
que hoy superan las 20.000 hectáreas. Las comunidades han
sido despojadas en forma violenta, y destruidos su cultura y los
recursos
naturales. En la selva chocoana, en territorios de las
comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos
Jiguamiandó y Curvaradó, grupos
paramilitares se han apropiado violentamente de más de
33.000 hectáreas y desplazado a más de tres mil
nativos. A pesar de las denuncias de las comunidades y los
pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
se sabe que en los últimos cinco años el Banco
Agrario ha otorgado préstamos a varias de esas firmas
palmeras para extender sus cultivos. Según la
Procuraduría General de la Nación,
el gobierno con la 'Ley de Desarrollo
Rural' aprobada recientemente, legalizará predios
ilegítimamente adquiridos por los paramilitares.
Según el Procurador, pareciera que el principal objetivo del
gobierno "fuese legitimar los cultivos de palma…en el
marco de sistemáticas y recurrentes violaciones a los
derechos humanos,
los cuales, además, han propiciado las amenazas y
asesinatos contra quienes se oponen a ellos".

El acelerado avance del agro-diesel en Colombia
generará un impacto negativo sobre la soberanía
alimentaria, los medios de vida
de las poblaciones rurales y los recursos naturales. Las grandes
extensiones de monocultivos de palma de aceite se convierten en
causa de desplazamiento y deforestación y significan en
aumento de la competencia local
por la disponibilidad de la tierra y de los demás recursos
limitados para la producción agrícola como el
capital,
el agua y la
tecnología, generando un modelo
distributivo aún más inicuo y contrario al orden
constitucional vigente en Colombia. La conversión de una
agricultura para producir alimentos hacia otra para producir
energía, redundará en menos disponibilidad de
comida tanto en las zonas rurales como en los centros urbanos,
generando un aumento de sus precios, causando hambre, desnutrición y más pobreza en el
país. Los altos precios mundiales de muchos commodities
agrícolas en el presente ya han incidido en Colombia
(Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria,
noviembre de 2007).

Se esperarían entonces dos graves consecuencias
para la alimentación de las y los
colombianos:

*Aumento del área sembrada para los
agrocombustibles, mientras se reduce el área sembrada de
cultivos alimentarios. Mientras los cálculos oficiales
revelaban que el área de cultivos transitorios (arroz,
distintas variedades de maíz,
sorgo, ajonjolí, papa, trigo, fríjol, maní y
hortalizas) tendía a una reducción de 200.000
hectáreas en 2006. (El Tiempo, edición
impresa, 30 de septiembre de 2006, Sección Tierra y
Ganados, p.8). La palma aceitera pasó de contar con
145.027 hectáreas en 1998 a 275.317 en 2005 (Ver
Fedepalma). Lo cual indica que mientras en siete años el
cultivo de palma de aceite se duplica, los cultivos destinados a
la alimentación se vienen reduciendo.

Lo anterior no solo quebrará a los productores de
alimentos, sino que además se reducirá el
abastecimiento alimentario nacional, el cual deberá ser
suplido con alimentos importados de menor calidad
nutricional.

*Los precios de los alimentos tienden al alza gracias a
la producción de agrocombustibles. La utilización
de caña para la producción de etanol ha generado
que solo en 2006 la panela aumentará un 83.07% (mientras
la inflación anual para marzo de 2007 se encuentra en
5.78%) El kilo de panela pasó de costar 705 pesos en enero
a costar 1290 en diciembre. (El tiempo, 27 de diciembre de
2006).

*La producción de combustibles con base en
maíz genero que en
México el
precio de la tortilla subiera un 66% en un año. En
Colombia la harina de maíz subió un 40% de en el
2006.

Todo esto en un claro detrimento de las condiciones
necesarias para una alimentación digna.

Uso
pecuario

En Colombia para las áreas destinadas al
desarrollo de actividad pecuaria se puede establecer que de las
38.866.386 hectáreas, el 81% corresponde a pastos
naturales y mejorados, donde se incluyen las sabanas naturales;
el 19% restante corresponden a malezas y rastrojos usados en
ganadería tradicional, que incluye las áreas
constituidas por vegetación xerofítica y de
páramo.

Colombia tiene una estructura productiva con un uso
irracional del suelo que se conjuga con su estructura predial
inequitativa para constituir una estructura agraria trunca,
ineficiente y fuente de permanentes conflictos. El
país está subutilizando la tierra agrícola
en sus ¾ partes, mientras sobreutiliza en ganadería
más del 100%de los suelos (Absalón Machado
C).

La tierra o el suelo y su uso son un elemento
estratégico para la producción y el sostenimiento
de sistemas
productivos y para garantizar la estabilidad de los asentamientos
humanos y de sus ingresos cuando
los productores manejan productos con demandas dinámicas
en el mercado o que
configuran patrones de competitividad
en encadenamientos productivos (Echeverri, Rafael; Ribero,
María del Pilar ,2002). Por tanto, el acceso a la
propiedad y el uso de la tierra con fines productivos se
constituyen en una estrategia de
supervivencia y mejoramiento de ingresos y nivel de vida de las
familias rurales.

Por las razones anteriores, son preocupantes los
conflictos en
el uso del suelo, la violencia que se ejerce sobre la tierra y
los productores que la utilizan para su sustento o para un
negocio lícito, así como lo es la expulsión
violenta de población para ganar, sean rentas
institucionales o poder local, o
ejercer dominio sobre un
territorio por razones políticas,
estratégicas o militares (Machado, Absalón, Fonseca
Luz Amparo ,1997).
Cuando ello se presenta existe una grave distorsión
institucional sobre los derechos de propiedad, y en particular un
proceso de involución en los derechos de propiedad
territorial y sus usos, al establecerse territorios de dominio al
estilo feudal (ejércitos privados o por fuera del control del
Estado que
utilizan la fuerza para
controlar un territorio), en una sociedad y ambiente
capitalista que se enmarca en un proceso de globalización y de lucha por la modernidad.

En el departamento del Meta para las áreas
destinadas al desarrollo de actividad pecuaria se puede
establecer que de las 4.636.403 hectáreas, el 96%
corresponde a pastos naturales y mejorados (4.443.430), donde se
incluyen las sabanas naturales; el 4% restante corresponden a
malezas y rastrojos usados en ganadería tradicional. Esta
área da el sostenimiento a 1.682.984 bovinos, de los
cuales 1.545.932 son de ganadería de carne.

Gráfico 3. Distribución de la
superficie en uso pecuario en el Meta.

Fuente: Elaborado con cifras de CCI – MADR –
Encuesta Nacional Agropecuaria 2007

La irracionalidad de la estructura productiva y de
tenencia de tierras se manifiesta también en el hecho de
que la agricultura que sólo usa el 24% de la tierra apta
para esa actividad, aporta el 63.4% del valor de la
producción, mientras la ganadería bovina que
sobreutiliza apreciablemente los suelos y deteriora los recursos
naturales en una actividad más extensiva que intensiva,
sólo aporta el26.6% del valor de la
producción.

Según un estudio del IGAC y Corpoica, cerca de
36.3 millones de hectáreas de predios rurales del
país son explotadas de manera equivocada, pues
están dedicadas a actividades que no corresponden a su
condición agroecológica. Esto significa que predios
aptos para agricultura competitiva están dedicados a
ganadería y viceversa. Igualmente, tierras con
vocación agroforestal, son utilizadas en ganadería
extensiva. También se presenta el caso de predios que son
sobreexplotados, lo que pone en riesgo su
sostenibilidad.

De acuerdo con el estudio del IGAC y Corpoica, en
Colombia, 17.7 millones de hectáreas son subutilizadas.
Este fenómeno se localiza especialmente en la zona Andina,
que participa con el 27 por ciento; el Caribe, con el 24 por
ciento, y parte de la Orinoquia, con el 22 por ciento. El uso
equivocado de la tierra genera problemas de
abastecimiento de alimentos, abandono de predios, desempleo, baja
productividad
y rápida degradación de los ecosistemas.

En lo que corresponde a la sobreutilización, el
estudio señala que en cerca de 19.6 millones de
hectáreas se presentan este fenómeno.

La subutilización de las tierras conduce a
problemas en el abastecimiento de alimentos, inconformidad social
e influye, directamente, para que se presente su
sobreutilización en ecosistemas frágiles y se
amplíe, a costa de ellas, la frontera agropecuaria. El
mayor impacto se refleja en la degradación de los recursos
naturales, que se traduce en erosión,
infertilidad de la tierra y pobreza.

El director de Agrología del IGAC, explica que el
35 por ciento del total de las tierras colombianas presentan
algún grado de erosión. "Hay más de 4,3
millones de hectáreas con erosión severa y muy
severa. Unas 12.9 millones de hectáreas están
erosionadas en grado moderado". Dentro de las consecuencias,
también se establece que la disminución de la
cantidad y calidad de los recursos hídricos,
disminución de la productividad de las tierras,
pérdida irremediable de la biodiversidad,
y aumento de las amenazas por inundaciones en las partes bajas de
las cuencas. Al cambiar una tierra con vocación
agrícola y forestal para convertirla en ganadera, incide
en la pérdida de biodiversidad, degradación de los
ecosistemas (Diario Portafolio, Marzo 18 de 2004).

Entretanto," los ganaderos del país ya
hablan de un plan para
triplicar la capacidad de carga de animales por
hectárea, que la elevaría de un promedio de 0,5 a
1,5 reses, lo que contribuirá a usar menos tierra para
pastoreo y liberar zonas para atender la demanda de materias
primas para la producción de biocombustibles (etanol y
biodiésel), sin causar un desabastecimiento interno de
alimentos, e incluso aumentando las posibilidades de exportación" (Édmer Tovar
Martínez Editor de Portafolio Lunes 26 de mayo de
2008).

En los siguientes años en el Meta se pretende
"Entrar en la economía de mercado mediante la integración territorial y la apertura de
mercados, es el
propósito de la línea estratégica
relacionada con el mercado exportador". Las estrategias
son:

• Identificar y posicionar bienes que
sean potenciales de participar en los tratados de
libre comercio
con los países del Caribe y Andinos.

• Consolidación de mercados naturales y
penetración de nuevos mercados.

• Explorar mercados verdes para la ganadería
ecológica" (Plan
estratégico para la Ganadería en el
departamento del Meta 2007-2019", p.71).

Uso en
bosques

Finalmente, la superficie estimada en el universo de
estudio de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2007, para bosques
naturales y plantados constituye el 15% del área total,
este porcentaje se compone en un 95% por bosques naturales y un
5% por bosques plantados, reforestaciones para la
conservación de cuencas y plantaciones forestales
comerciales.

Como hecho positivo para la conservación del
medio
ambiente, el director general del IGAC, señala que
casi la mitad de la tierra del país, no ha sido
intervenida por el hombre, y
por consiguiente mantiene su vegetación
original.

De las casi 114 millones de hectáreas que
integran al país, el 48,8 por ciento, es decir 55.654.392
hectáreas, no presentan intervención alguna del
hombre por lo
que se encuentra su vegetación original, principalmente
representada por el bosque natural, que se encuentra
específicamente en las regiones de la Amazonía y
del Pacífico colombiano.

El 51,2 por ciento, es decir 58.345.608
hectáreas, han sido intervenidas por el hombre, que es en
las que se puede presentar conflicto por
el uso de las tierras, bien sea por sobreutilización o
subutilización.

De este total de tierras intervenidas, es que se
desprende que el 62,3 por ciento (36.349.313,8 hectáreas)
son mal usadas, y que el 37,7 por ciento, que se traduce en casi
22 millones de hectáreas, no registran conflictos, lo que
significa que el uso que se le da corresponde con la
vocación y uso principal recomendado para las tierras.
Geográficamente, estas zonas se ubican especialmente en la
Amazonía y la Orinoquia.

El alto puesto ocupado por Colombia en la
clasificación global referente al índice de
desempeño ambiental, elaborado por las
universidades de Yale y Columbia, es expresión del
éxito
relativo alcanzado por las políticas puestas en
práctica en las últimas décadas, en
comparación con lo sucedido en los 149 países
considerados. Es un hecho que honra al país, no obstante
que reconozcamos los graves problemas
ambientales que nos aquejan y los daños infligidos a
nuestros valiosos ecosistemas.

El índice Columbia-Yale establece en qué
medida los países se acercan al cumplimiento de un
conjunto de objetivos de
desempeño ambiental. Colombia puntúa muy alto en
materia de
política forestal y de biodiversidad, un hecho derivado de
la gran extensión de la cobertura de bosques naturales que
aún poseemos y, sobre todo, de la sustantiva
disminución de la tasa de deforestación registrada
en los últimos 15 años, a pesar de los cultivos
ilícitos. Además, ello explica, en gran medida,
nuestra baja contribución al fenómeno del calentamiento
global, en comparación con otros países, como
Indonesia y Brasil, que hacen
un aporte significativo de CO2 a la atmósfera debido a la
quema anual de extensos bosques para cambiar el uso del
suelo.

Preguntamos cómo ¿Colombia recientemente
ocupo un alto puesto en la clasificación global referente
al índice de desempeño ambiental, elaborado por las
universidades de Yale y Columbia? ¿Cuáles son las
políticas que han conducido a Colombia a ocupar esta
situación de sus bosques y su biodiversidad? Quizá
el principal factor explicativo sea el hecho de que
aproximadamente 35 millones de hectáreas, en su mayor
parte cubiertas por bosque natural, pertenezcan a las comunidades
indígenas y negras, una política que nos diferencia
de la casi totalidad de los países del mundo tropical.
Ella adquirió un definitivo impulso durante la
administración del presidente Barco, que
declaró numerosos resguardos indígenas, y
continuó durante la administración Gaviria cuando, en la
Constitución de 1991, se reconoció a
las comunidades negras del Pacífico la titularidad
colectiva de las tierras que habían ocupado
tradicionalmente. Mediante esta política se ha hecho
justicia a
estas poblaciones y se han protegido los bosques naturales, sin
con ello desconocer los aberrantes casos de desplazamiento
detonados por los grupos armados ilegales, o la
deforestación presentada en muchos lugares.

Justamente, la ley forestal fue declarada como
inconstitucional por vulnerar los derechos territoriales de las
comunidades indígenas y negras, al haberse presentado al
Congreso sin que se les consultara previamente. En la Corte
pendía otra demanda que señala cómo muchos
artículos de la mencionada ley constituyen un claro
retroceso frente a las normas sobre
medio ambiente consagradas en la Carta
Política. En últimas, se trataba de una ley que
priorizaba la explotación maderera a gran escala, en
perjuicio de servicios
críticos del bosque natural, como constituir el hábitat
de diversas comunidades, soportar la biodiversidad, proteger las
fuentes de
agua, y servir
de sumidero de CO2.

De no haberse caído la Ley Forestal, el
país habría puesto en mayor riesgo su gran riqueza
en bosques naturales, y, de contera, habría perdido puntos
en el índice Columbia-Yale de desempeño ambiental,
un descenso que, de todas maneras, se podría dar de
mantenerse muchas de las políticas ambientales del actual
gobierno.

El Meta presenta una superficie total de 393.888
hectáreas en bosques, de las cuales 388.488 son bosques
naturales y solo 5.400 hectáreas son de bosques plantados.
De las 7.572.758 hectáreas en bosque reseñados por
la Encuesta Nacional Agropecuaria 2007, el área del Meta
representa solo el 5.20% .En el país la actividad de
aprovechamiento forestal de bosques naturales ha sido un
generador de conflictos, debido a los propios intereses del
negocio de la madera o a que
los actores irregulares se involucran en la actividad, con el fin
de controlar regiones y obtener ingresos. Este es uno de los
motivos por los cuales, una ley que promueva aun más la
explotación a gran escala de los bosques, especialmente
los que están en territorios de comunidades
indígenas y negras; no aporta a la construcción de paz ni a la resolución
de conflictos, por el contrario, los exacerba.

Gráfico 4. Distribución de la
superficie en bosques en el Meta.

Fuente: Elaborado con cifras de CCI – MADR –
Encuesta Nacional Agropecuaria 2007

La ley forestal es la estocada final de los bosques
naturales del país. Para visualizar cual será el
escenario de los bosques del país en una o dos
décadas, podemos mirar la tragedia que sucedió con
los bosques de los países del sureste asiático,
donde en sólo dos décadas las mismas
transnacionales que quieren entrar en Colombia, arrasaron con sus
bosques; pero más cerca tenemos el ejemplo de la
aplicación de una ley forestal muy similar en Bolivia, en
donde luego de diez años de haberse aprobado los
resultados han sido catastróficos (CECOIN, 2005). Es
alarmante ver como en los últimos 10 años se ha
registrado una deforestación del orden de 200 mil
ha/año, que, de continuar este ritmo, para el año
2020 habrá implicado la pérdida irreversible de
más de 3 millones de hectáreas de bosques. Pero
este escenario puede ser aún más
catastrófico si el gobierno entrega en concesión
los bosques públicos, los baldíos y permite el
aprovechamiento forestal de los bosques de los territorios
colectivos, mediante contratos sobre
la trampa del "vuelo forestal".

La ley en su artículo 22 pretende entregar el
control y monitoreo a los mismos agentes privados que tienen a
cargo el aprovechamiento forestal mediante unos mecanismos como
los manifiestos de aprovechamiento y de abastecimiento de materia
prima, donde ellos mismos se hacen el control y monitoreo. A su
vez, deja abierta la posibilidad que ingenieros forestales
pagados por quien realiza el aprovechamiento, sean los que
planifiquen, monitoreen y certifiquen la sostenibilidad del
proceso. Estas personas cumplen funciones
públicas delegadas por la ley, reemplazando así a
las autoridades ambientales en esta función.
Teniendo en cuenta que en Colombia es un grave problema el
aprovechamiento ilegal y poco sostenible de los bosques
naturales, resulta inconveniente que el control y monitoreo
esté a cargo de los mismos agentes privados, ya que su
racionalidad económica no permite ninguna imparcialidad
contra los excesos de la explotación. Es por ello
fundamental que la autoridad
competente para llevar a cabo los mecanismos de control y
monitoreo del aprovechamiento forestal del bosque natural, debe
estar a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales
como autoridades ambientales del Estado, en coordinación con los entes territoriales y
a las comunidades locales; a través de Comités
regionales de control y vigilancia, en los cuales participen
también las instituciones
de la fuerza pública y las entidades de control del
Estado.

Finalmente es importante resaltar los planes de manejo
del bosque que realizan las comunidades en sus territorios
tradicionales, pues ellas más que ninguno de los
demás actores, saben que los ecosiste­mas naturales
pueden ser aprovechados y manejados pero con cierto
límite, y que la diversidad cultural, biológica y
política de pueblos y etnias, depende de la vida misma del
bosque.

Referencias
bibliográficas

CECOIN, 2005. Colombia Forestal: libre comercio sin
tratado. Etnias & política. (1): 61-75,
julio.

Echavarría Olózaga, Hernán (1995).
La tenencia de la tierra y el desarrollo
económico y social. Santafé de
Bogotá.

Echeverri, Rafael; Ribero, María del Pilar
(2002). Nueva ruralidad. Visión del territorio en América
Latina y el Caribe. Corporación Latinoamericana
Misión
Rural, IICA. Bogotá.

Gómez Clemencia (1993). Evolución histórica del proceso de
reforma
agraria en Colombia. En FAO, Pnud, Incora, Tierra, Economía y Sociedad.
Proyecto COL
91/018; Santafé de Bogotá, octubre.

Leyva, Pablo (1993): Colombia Pacífico. Tomo 1.
Instituto de Estudios Ambientales, Universidad
Nacional de Colombia, Proyecto Biopacífico. Citado en
Resolución Defensorial Nº 39, junio 2 de
2005.

Reyes, Alejandro (1996). La redistribución del
territorio. El Espectador, Santafé de

Bogotá, octubre 13.

Rodríguez Becerra, Manuel, 2005. Amenazas sobre
los bosques de Colombia. Portafolio, lunes 14 de marzo de
2005.

Emilio García
Gutiérrez